Desde hace unos meses el se ha venido discutiendo acerca de la concesión de la red troncal de navegación del Río Paraná -lo que en los medios se llama Hidrovía, nombre de la concesión-, una ruta fluvial de 1.635 km que permite la salida hacia el océano a distintos tipos de embarcaciones de carga. La traza de la vía navegable troncal se encuentra expresada parcialmente en los ríos Paraná, Paraná de las Palmas, y Río de la Plata, y constituye el cauce de salida de aproximadamente del 80% de la exportación nacional. Esto expresa tanto la relevancia en términos económicos como políticos. Actualmente es un servicio concesionado con cobro de peaje “para el mantenimiento de las profundidades previstas en el pliego de la concesión mediante dragado y su respectivo balizamiento para delimitar el canal y brindar seguridad en la navegación” . Algunos datos duros adicionales indican que por dicha vía fluvial circulan dos tercios del comercio exterior argentino y que factura más de 200 millones de dólares por año. Pasan 4.600 embarcaciones que trasladan 125 millones de toneladas de producción industrial y agropecuaria.
Los debates comenzaron hace poco tiempo dado que se encontraba prácticamente vencido el plazo de la concesión, y allí aparecieron distintas propuestas acerca de qué debería hacer el Estado, una vez caído el acuerdo. A fines de abril, el Gobierno nacional decidió prorrogar por 90 días la concesión del corredor, y este tiempo fue entendido por cámaras empresariales relacionadas con la actividad, y por distintas organizaciones políticas y sindicales, vinculadas o no al gobierno, como un plazo para profundizar el debate.