En Argentina, el sector energético tomó mayor relevancia en los 90 al ser un sector central en el proceso de apertura y liberalización de la economía, que brindó el marco para la privatización de YPF y Gas del Estado. El eje transversal a la política energética de la gestión menemista radicó en implementar un esquema de “facilidades” normativas y fiscales con el objetivo de atraer capitales transnacionales que condujeran el sector, en lugar de hacerlo el Estado mismo. Luego, en los gobiernos kirchneristas la preocupación por el sector se reavivó con la crisis energética en la que el país se reconvirtió de exportador a importador de gas (con el impacto económico y social que ello conlleva). Esta situación puso en evidencia la ineficacia de una política energética comandada por el mercado, donde se aparta al Estado del control de un sector estratégico, como se hizo en la década del 90. Esto es, precisamente, lo que retoma la gestión macrista. La política energética del gobierno de Cambiemos tuvo tan pocos resultados como la política económica, llegando a deteriorar incluso la industria petrolera (Vaca Muerta), uno de los pocos sectores en los que habían crecido las inversiones inicialmente.
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