Desde fines de 2011, la economía argentina se enfrenta a un período de estancamiento en términos de la actividad económica y a una caída continua en los ingresos por habitante, especialmente desde fines de 2015. A esta situación, se sumó el problema de la deuda pública en tan solo tres años y medio, en un contexto de fuerte apertura comercial y financiera. A partir del segundo semestre de 2018, las tensiones y contradicciones contenidas en el modelo de Cambiemos se pusieron de manifiesto dando lugar al episodio de inestabilidad financiera más pronunciado de los últimos años.
En líneas generales, en la lectura que realiza el gobierno de Cambiemos las inconsistencias fiscales son las principales causantes de los problemas por los que atraviesa la economía argentina. Cuando la capacidad del estado para hacer frente al pago de sus deudas entra en cuestionamiento, el financiamiento se detiene y el gasto privado se contrae. La forma de “solucionar” este problema para la gestión de Macri fue recurrir al FMI. De esta forma, se adicionó al endeudamiento externo de Argentina una suma de 57 mil millones de dólares, en el marco de un programa de ajuste en las cuentas públicas. En el modelo económico del gobierno, ordenar las cuentas fiscales elimina un factor clave de incertidumbre, lo que posibilita la recuperación del gasto privado como consecuencia de una mejora en las expectativas de los agentes. No obstante, en la memoria colectiva de los/as argentino/as respecto a las intervenciones del Fondo en la política económica del país, parece no validar esta narrativa del plan de ajuste.
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