Por José Sbattella
Mientras la mayoría de los argentinos atraviesa una crisis de ingresos, empleo y acceso a derechos básicos, el Estado nacional avanza silenciosamente en la construcción de un régimen económico que no sólo desmantela el aparato de bienestar, sino que crea condiciones ideales para el saqueo organizado y legalizado. Argentina no se declara paraíso fiscal, pero lo está siendo funcionalmente.
La arquitectura de este modelo tiene dos pilares complementarios: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la transformación de la AFIP en la nueva ARCA, una agencia tributaria que abandona su carácter de órgano estatal de control y recaudación para asumir un rol residual, tecnocrático y privatizable.
RIGI: legalizar el privilegio y blindarlo
El RIGI promete estabilidad normativa por 30 años a grandes capitales que inviertan en sectores estratégicos (minería, energía, agroindustria). Esa estabilidad no es solo fiscal, sino también cambiaria, ambiental y laboral. A cambio de una inversión inicial, los beneficiarios quedan exceptuados de casi todo: de pagar impuestos, de reinvertir utilidades, de usar proveedores locales, de someterse a futuras regulaciones.
El diseño es tan favorable que se anticipan triangulaciones societarias para que firmas radicadas en Delaware, Islas Vírgenes o Uruguay operen en Argentina sin tributar aquí ni allá. No se trata de un error: el RIGI fue pensado para facilitar esto.
ARCA: desarmar al Estado desde adentro
En paralelo, la reforma de la AFIP en “ARCA” transforma un organismo estratégico en una agencia descentralizada y autárquica, bajo un modelo gerencial desprovisto de controles cruzados. Es una medida clave para garantizar que el RIGI funcione sin interferencias.
La AFIP fue durante décadas el corazón del sistema de información tributaria, de control aduanero y de combate al lavado de activos. Bajo el nuevo diseño, se la desmantela técnica y políticamente: se reducen las fiscalizaciones, se tercerizan funciones críticas, se desarticula la coordinación con otros organismos (como UIF, Aduana, CNV, Justicia).
La fiscalización del capital concentrado desaparece por diseño, no por incapacidad.
Datos que no se pueden ignorar
El Estado dejó de recaudar el equivalente al 4,7% del PBI en exenciones fiscales durante 2024. La mayor parte beneficia a grandes exportadores y empresas bajo regímenes especiales como Tierra del Fuego o, próximamente, el RIGI.
- La recaudación por Impuesto a las Ganancias de sociedades cayó 37% en términos reales, mientras el IVA al consumo se mantiene. Se grava al que consume, no al que se lleva la renta.
- La formación de activos externos superó los USD 4.000 millones en el primer semestre de 2024, gran parte con destino a Uruguay, Suiza y EE.UU. ARCA no tiene herramientas ni intención de auditar eso.
- En comercio exterior, hay una brecha del 28% entre exportaciones reales e ingreso de divisas. El control aduanero estatal se reduce a su mínima expresión. Las cerealeras siguen operando sus propios puertos.
Un país abierto para fugar, cerrado para vivir
Argentina se está convirtiendo en un país que abre la puerta al capital para que venga a extraer sin control, y la cierra cuando se trata de redistribuir, proteger la industria, o garantizar derechos. Se ajusta la inversión pública, pero se estabilizan los privilegios fiscales. Se bajan jubilaciones, pero se le prometen 30 años de impunidad a empresas que ni siquiera tienen empleados en el país.
No es casual, es diseño.
No hace falta declararlo para serlo
Un paraíso fiscal no se define solo por su legislación explícita, sino por su capacidad real de permitir que capitales operen sin tributar, sin transparencia y sin responsabilidad social. Si a eso le sumamos una institucionalidad que ha sido debilitada intencionalmente para no fiscalizar ni castigar, el resultado es claro: una estructura que favorece la evasión, el lavado y la fuga legalizada.
Argentina está caminando hacia ese modelo. No como accidente, sino como proyecto.
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