Para el FEYT la privatización de AySA es una vieja receta que ya fracasó

El Foro de Economía y Trabajo (FEyT) criticó con dureza la inclusión de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) en el listado de empresas sujetas a privatización mediante el DNU 494/25. Afirman que a contramano de una tendencia global que revisa y en muchos revierte las privatizaciones de los años 90, la gestión libertaria “insiste en vender activos públicos estratégicos con el objetivo de obtener divisas y sostener un modelo económico inviable”.
El FEyT –integrado por economistas, gremios, pymes y referentes del pensamiento nacional– recordó que Argentina ya atravesó una experiencia privatizadora del servicio de agua potable con resultados negativos. La concesión otorgada en 1993 a la firma Aguas Argentinas (AA), liderada por la multinacional francesa Suez, se adjudicó por la promesa de una reducción tarifaria. Pero esa estrategia derivó en una concesión gratuita, sin canon, y de nulo servicio en varios rubros. “La empresa se expandió hacia las zonas de mayor poder adquisitivo del AMBA, postergando a los sectores populares”, señalaron. Además, remarcaron que “entre 1993 y 2002, las tarifas subieron un 82% cuando la inflación fue del 7%, y buena parte de esos aumentos fueron extracontractuales”. La falta de inversiones fue evidente: para 2003, la cobertura de agua potable era del 79% frente al 88% comprometido, y la de cloacas apenas del 63%, diez puntos por debajo del objetivo. La planta de tratamiento de Berazategui, que AA debía construir, fue ejecutada por AySA e inaugurada en 2011.

Hay equipo

El FEYT tiene la coordinación de Eduardo Berrozpe y entre otros lo integran: Ricardo Aronskind, Carlos Baraldini, Gabriel Barcelo , Noemi Brenta, Norberto Crovetto, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Jose M. Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Bernardo Lichinsky, Pablo Manzanelli, Nicolas Malinovsky, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Tomas Raffo, Alejandro Rofman ,Horacio Rovelli, José «Pepe» Sbatella y Nahuel Silva.
Los integrantes del foro resaltaron que “los aumentos extracontractuales y el incumplimiento de metas generaron ganancias extraordinarias para la concesionaria”. AA registró una rentabilidad promedio del 13% sobre su facturación, y superior al 20% si se compara con su patrimonio neto.
Frente a estos incumplimientos, desvíos en la calidad del servicio y problemas sanitarios como la presencia de nitratos o la falta de presión, el contrato fue rescindido y en 2006 se creó AySA como empresa estatal.
El fracaso no fue un caso aislado. “A fines de 2001, casi el 60% de la población era abastecida por empresas privadas. Hoy, sólo quedan cuatro que cubren a menos del 10% del país”. Entre las 15 compañías privatizadas, 11 fueron reestatizadas en provincias como Tucumán, Buenos Aires, Formosa, Santa Fe, La Rioja, Mendoza, Salta, Catamarca y Jujuy.

“No me hablen de esperanzas vagas”

El FEyT también contextualizó la decisión del Gobierno argentino en un escenario internacional donde se consolida el retorno del Estado a la gestión del agua. “Tanto en países desarrollados como en regiones con grandes desigualdades, el modelo privatizador ha entrado en crisis”, afirmaron. En Escocia, los servicios nunca fueron privatizados; en Gales, la empresa Aguas Galesas se transformó en una entidad de carácter comunitario. En ambos casos, la reversión fue parte de debates electorales y sociales profundos.
Este fenómeno no solo incluye la reestatización sino también “nuevas formas de gestión pública o comunitaria, superadoras del viejo modelo estatal y del privatismo mercantil”.
Según el foro lo que está en juego va más allá de la propiedad. “Se trata de abandonar la lógica mercantil y reconocer al agua como un derecho humano fundamental”. En esa línea, proponen una gestión público-social, con participación de usuarios, trabajadores y comunidades, para garantizar: la universalización efectiva del servicio, la calidad del agua y el tratamiento de residuos, condiciones laborales justas, sistemas de control rigurosos,  y la preservación de los acuíferos frente a modelos extractivos.

“El agua es un derecho humano, un recurso estratégico vital para la vida, la salud, la producción y la justicia social. En el actual contexto de guerra económica por los recursos naturales, es imperioso garantizar el acceso asequible al agua con intervención estatal y control social”.
Por todo esto, el Foro concluyó que “el DNU 494/25 debe ser anulado” y que es el Congreso de la Nación quien debe decidir sobre el destino de los servicios públicos esenciales.